Ficha de detalle de publicación

TITULO: Políticas públicas de acceso a las tecnologías de información y de inclusión digital en Bolivia (2007-2010). La evolución del sector de telecomunicaci

AUTOR:
AÑO: 2010
ETIQUETAS: Bolivia, brecha digital, políticas públicas, servicios de telefonía móvil, acceso a las TIC, inclusión digital

Bolivia es uno de los países latinoamericanos más afectados por las brechas digitales. En comparación con otros países, existen diferencias notables en el acceso a todas las tecnologías de información y comunicación. Internamente, las poblaciones de algunos departamentos, especialmente de las zonas rurales, están excluidas de la posibilidad de disfrutar y aprovechar estas tecnologías. A pesar de este panorama general, la población está cada vez más conectada; sobre todo el acceso a telefonía móvil se incrementó, llegando en 2010 a 65 líneas por cada 100 habitantes.

Las políticas del proceso de cambio liderado por el presidente Evo Morales incluyen reformas en el sector de TICs. El avance más destacable es que la nueva Constitución Política del Estado (2009) establece que el acceso a los servicios de telecomunicaciones es un derecho humano fundamental. Si bien se acepta la prestación por parte de empresas privadas o cooperativas, existe un sesgo favorable a que el Estado se haga cargo de esos servicios. Durante el período iniciado en 2006 se clausuró el sistema de regulación sectorial; la anterior Superintendencia fue remplazada por una Autoridad dependiente del gobierno central; se reestatizó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones; se impulsan programas de gobierno electrónico; se lanzará en 2013 un satélite de propiedad estatal, llamado Túpak Katari. Pero aún quedan muchas tareas pendientes, sobre todo en términos de infraestructura y alfabetización digital, además de un reordenamiento institucional del sector. Las políticas son desarrolladas por varias instancias del Órgano Ejecutivo y hasta el momento no se logró una visión de conjunto que dé forma a una legislación actualizada, compatible con la nueva Constitución y con los avances tecnológicos.

La Ley de Telecomunicaciones (1994) vigente fue diseñada para una situación en la que se privilegiaba la prestación privada de los servicios. Además, en su formulación no tomó en cuenta la existencia de internet. A pesar de estos desfases, todos los actores sectoriales tienen que cumplirla en lo que no se oponga a los nuevos enunciados constitucionales. Así, el sector funciona alrededor de un sistema de regulación sin un ente regulador autárquico.